Si sos miembro de un establecimiento educativo, acá te contamos cómo proceder si tomás conocimiento o sospechás de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, el abuso, la negligencia, y contra el daño o maltrato, sea físico o mental. En caso de que sus derechos sean vulnerados, tienen derecho a que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para restituirlos.

Así lo indican la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26061, la cual creó un sistema de protección de derechos de la infancia y adolescencia conformado por todos los organismos, entidades y servicios que se ocupan de las políticas públicas de gestión estatal o privadas.

Todos/as los/as profesionales del sistema educativo forman parte de ese sistema de protección.

En numerosas ocasiones la detección de situaciones de vulneración de derechos de la población infanto-juvenil se realiza en el ámbito escolar, lugar donde niños, niñas y adolescentes pasan una parte importante de su tiempo y construyen vínculos de confianza.

ES IMPORTANTE SABER QUE:

  • Toda persona que tome conocimiento de la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente se encuentra obligada a comunicarlo a los organismos competentes. Si fuese agente o funcionario/a público/a, su incumplimiento lo hará pasible de sanción (Art. 30, Ley Nacional 26061).
  • En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 114 de Promoción y Protección Integral de Derechos establece un catálogo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y creó un organismo administrativo especializado: el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA), quien tiene a su cargo las funciones que le incumben a esta jurisdicción en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  • En los establecimientos educativos debe ponerse en marcha el procedimiento de actuación conjunta entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y el Ministerio de Educación de la CABA (RESFC-2016-1-CDNNYA).

Lo primero que debe hacer quien sospeche o identifique una situación de presunta vulneración de derechos de un/a niño/a o adolescente es informar a la conducción del establecimiento. La conducción deberá:

  • Registrar en el libro de actas la descripción escrita de los hechos y/o dichos.
  • Identificar si se trata de una SITUACIÓN DE URGENCIA o de HECHOS QUE NO REQUIERAN ATENCIÓN INMEDIATA.

¿QUÉ CASOS SE CONSIDERAN URGENCIAS? Aquellas situaciones de vulneraciones de derechos que, de no intervenir inmediatamente, implicarían riesgo de vida o riesgo a la integridad del NNyA, sea actual o inminente.

  • Contactar en forma inmediata a la Guardia Jurídica Permanente del CDNNyA (registrando número de consulta, datos del profesional que atiende e indicación brindada).
  • Si se advierten indicadores físicos y/o emocionales o si el/la alumno/a refiere maltrato físico se debe recurrir al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) o al servicio médico contratado por el establecimiento. Si el Servicio Médico decide trasladar al alumno/a, la conducción deberá designar a alguien para que lo acompañe. Recordá que no es función del personal educativo comprobar la existencia de signos de violencia en el cuerpo del niño/a, ésta será una competencia del sistema de salud.
  • Las escuelas de gestión estatal deberán comunicarlo al Equipo Técnico del Ministerio de Educación para su intervención, según corresponda por nivel y modalidad del establecimiento educativo (EOE, ASE, DOE o el Equipo Interdisciplinario de Escuelas de Educación Especial). El profesional interviniente del ET deberá comunicarlo a la Defensoría Zonal correspondiente. La escuela podrá contactarse directamente con la Defensoría Zonal únicamente en aquellos casos en los que hubiera intervenido previamente.
  • En el caso de instituciones educativas de gestión privada, es la conducción la que tiene la responsabilidad de contactarse con la Defensoría Zonal.

EN TODOS LOS CASOS LAS ESCUELAS DEBERÁN ADEMÁS:

  • Garantizar que el niño, niña o adolescente sea escuchado/a por los organismos de competencia, evitando incurrir en la revictimización.
  • Comunicar a la Supervisión, adjuntar actas correspondientes y emitir la alerta para su elevación a través de su cadena jerárquica.
  • Comunicar al Equipo Técnico del Ministerio de Educación para su intervención, según corresponda por nivel y modalidad del establecimiento educativo. En el caso de establecimientos educativos de gestión privada, será responsabilidad de la conducción contactarse con el equipo del CDNNyA.

¿Y qué pasa si en la denuncia se encuentra involucrado personal docente o no docente? Además de las acciones anteriores, debe comunicarse la situación a la Gerencia Operativa del Servicio de Orientación Jurídica al Docente (SOJAD) o a la Dirección General de Educación de Gestión Privada -según corresponda- y al agente involucrado para que presente su descargo.

Ante dificultades o inquietudes en la aplicación de este protocolo, o si advertís que las autoridades educativas no lo ponen en marcha, comunicate con la Guardia Jurídica Permanente, la Línea telefónica gratuita 102 o Supervisión Escolar para mayor asesoramiento.

Podés comunicarte con esta Defensoría del Pueblo a través de las siguientes vías: